Análisis de la Política de SDN 2022-2026: capacidades y objetivos
Resumen:
Con ánimo de cooperación y bajo una visión Académica de Estado complementaria a la observancia que el Ministerio de Defensa y la actual cúpula castrense tienen de país, y de su problemática de seguridad. El Observatorio de la Universidad Militar, denominado Escuela de Altos Estudios Nueva Granada, ESAENG, ha querido con la consideración debida, plantear algunos puntos de vista, en temas relativos a la “Paz Total”; se aspira y recomienda, que los mismos puedan ser considerados por parte del gobierno, el MDN y del mando militar actual.
Palabras clave:
Política de SDN 2022-2026, amenazas a la seguridad, objetivos de seguridad, voluntad política, capacidades institucionales, gobernabilidad y gobernanza.
Comentarios Iniciales:
La Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana «Garantías para la Vida y la Paz. 2022-2026» se presenta como un plan integral para abordar los desafíos que enfrenta el Sector de Defensa y Seguridad en Colombia. El objetivo principal es desarrollar y llevar a cabo acciones que protejan la vida en entornos urbanos y rurales, previniendo y combatiendo el control social ejercido por organizaciones criminales tanto a nivel nacional como transnacional. (MINDEFENSA, 2022).
Un aspecto fundamental que motivó la necesidad de esta política fue la mutación del conflicto luego del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Esta mutación se refiere a la falta de presencia estatal en las zonas donde solían operar las antiguas FARC-EP, lo cual ha generado un deterioro en la situación humanitaria de los entornos rurales y poblados alejados, quienes ahora se ven afectados por la disputa de diferentes grupos multicrimen y armados por el control territorial. (MINDEFENSA, 2022).
Además, en los entornos urbanos, aunque se registra una disminución en las tasas de homicidios, se concentra la mayor cantidad de estos delitos en términos numéricos. La extorsión y los diversos tipos de hurto son preocupaciones recurrentes de la ciudadanía, especialmente para los jóvenes de escasos recursos que experimentan violencias estructurales como la exclusión, la estigmatización y la falta de oportunidades. Estas problemáticas se ven agravadas por las fallas en la articulación entre entidades estatales encargadas de implementar políticas integrales de seguridad ciudadana, lo que impacta negativamente en la percepción de seguridad y la confianza en las instituciones de seguridad y defensa.
En relación con el medio ambiente, se identificó que persisten afectaciones ocasionadas por actores ilegales, como la deforestación, la extracción ilícita de minerales, la tala y el tráfico ilegales de fauna y flora. Estos delitos tienen un impacto negativo en los ecosistemas del país, así como en la biodiversidad y el bienestar de las futuras generaciones. (MINDEFENSA, 2022).
Por último, se evidenció la obsolescencia de algunas capacidades del Sector de Seguridad y Defensa para proteger las fronteras aéreas, terrestres y marítimas, así como la necesidad de actualizar las estrategias de defensa en el ciberespacio debido al concepto ampliado de soberanía a nivel mundial. Para abordar estos desafíos, la política propone una serie de objetivos específicos con estrategias y acciones concretas para su implementación. En términos más concretos, y conforme lo presenta el propio documento que contiene la política, estos objetivos se expresan de la siguiente manera:
- Proveer condiciones de seguridad y protección para la vida, la integridad personal y el patrimonio, con especial énfasis en los territorios bajo disputa de organizaciones criminales.
- Contener la deforestación y contribuir con la protección, la preservación de la biodiversidad y del recurso hídrico.
- Salvaguardar la integridad territorial, la soberanía, la independencia nacional y el orden constitucional.
- Fortalecer a la Fuerza Pública en su talento humano, su legitimidad y sus capacidades para apoyar la transformación de los territorios (MINDEFENSA, 2022, p. 9).
Como última característica a resaltar de esta política pública, es que se fundamentará a través de un enfoque multisectorial, contextualizado e integral, que permitirá abordar los desafíos de seguridad y defensa desde diferentes perspectivas y contribuir a la construcción de una sociedad más segura y en paz; conforme lo ofrecen los estamentos del Estado que avalan esta fórmula de seguridad para el país.
Ahora bien, teniendo en cuenta los antecedentes que describen la visión del actual gobierno respecto a su proceso de definición de amenazas y soluciones, y como estos dieron forma a una estrategia que se asume como coherente para brindar al país la seguridad y defensa que demanda, el presente análisis de coyuntura se constituye en torno al objetivo de: analizar sí la Política de SDN 2022-2026 reúne los parámetros para su adecuada e implementación afín (acciones, medios y elementos para el seguimiento y evaluación de los resultados) con los objetivos propuestos. Así mismo, se hará una revisión complementaría para determinar sí este mismo marco estratégico cumple con los compromisos internacionales basados en la corresponsabilidad y la cooperación para atender fenómenos de inseguridad regionales.
Para ofrecer un contexto claro a la intensión presentada, este análisis se va a concentrar en sólo dos de los objetivos que de la Política de SDN 2022-2026. A manera de recordatorio:
El primero, que busca “proveer las condiciones de seguridad y protección para la vida, la integridad personal y el patrimonio, con especial énfasis en los territorios bajo disputa de organizaciones criminales; y el número cuatro, el cual propone, fortalecer a la Fuerza Pública en su talento humano, su legitimidad y sus capacidades para apoyar la transformación de los territorios (MINDEFENSA, 2023, p.9).
Debido a su alta relación analítica, se propone como un objetivo de segundo nivel de este análisis de coyuntura, observar en qué medida la implementación de la Política de SDN 2022-2026 está impactando la gobernanza y gobernabilidad en el país.
Para este propósito, se entenderá que la gobernabilidad se refiere a la capacidad de un sistema político para gobernar y tomar decisiones efectivas. Incluye la forma en que se ejerce el poder, se toman decisiones y se implementan políticas en una sociedad. Según el académico Ocampo “la gobernabilidad se relaciona con la capacidad de un sistema político para ofrecer soluciones efectivas a los problemas públicos y satisfacer las necesidades y demandas de la sociedad” (Ocampo, 2001, p58). En resumen, la gobernabilidad implica la eficacia y la capacidad de respuesta de un sistema político para abordar los desafíos y las demandas de una sociedad.
Por su parte, la gobernanza se refiere a los procesos y las estructuras mediante las cuales se toman y se implementan decisiones en una sociedad. Incluye la participación de múltiples actores, como el gobierno, el sector privado y la sociedad civil, en la toma de decisiones y en la gestión de los asuntos públicos. Otra definición de gobernanza es mediante el enfoque centrado en la interacción de diferentes actores en la toma de decisiones y la resolución de problemas públicos, más allá del ámbito del Estado (Bevir, 2010). En resumen, la gobernanza implica la colaboración y la participación de diversos actores en la administración de una sociedad.
Comentarios subsiguientes:
En América Latina, se enfrentan diversos desafíos y amenazas a la seguridad. El crimen organizado transnacional, que incluye actividades como el tráfico de drogas, la minería ilegal, el comercio ilegal de flora y fauna, el tráfico de armas, la trata de personas, el tráfico de migrantes y la delincuencia cibernética, ha tenido un impacto negativo en el desarrollo económico y social de la región. Estas actividades representan una seria amenaza para la seguridad de los países de América Latina. (Vera, 2022)
Además, la región ha sufrido los efectos devastadores de una pandemia, que ha revelado las debilidades de los Estados para enfrentar crisis. Esto se ha visto agravado por las repercusiones económicas y diplomáticas de la guerra entre Rusia y Ucrania, así como por la influencia de actores extrarregionales. (Vera, 2022)
En el caso específico de Colombia, el país ha enfrentado amenazas a su seguridad debido a la presencia del crimen organizado transnacional y al tráfico ilícito de drogas. Estas actividades han tenido un impacto negativo en el desarrollo económico y social de Colombia, así como en su seguridad interna. (Vera, 2022)
Por otro lado, el flujo migratorio proveniente de Venezuela ha generado un desafío humanitario en Colombia. Se estima que, para fines del año 2023, Colombia se convertirá en el segundo país de acogida de migrantes y refugiados venezolanos, después de Perú, con una población cercana a 1.45 millones. Esto supone un desafío para el país en términos de integración y gestión de recursos para atender las necesidades de esta población. (Vera, 2022, p 6)
En resumen, en América Latina, las amenazas a la seguridad incluyen el crimen organizado transnacional y sus diversas modalidades, así como las repercusiones de la pandemia y los conflictos internacionales. En el caso específico de Colombia, se enfrenta a desafíos relacionados con el crimen organizado y el flujo migratorio venezolano.
Apelando a estudios recientes llevados a cabo por organismos internacionales expertos en sus respectivos campos, se podría sintetizar, desde el enfoque regional o transnacional, los siguientes escenarios de inseguridad para para el país. El primero de ellos, el referente al crimen organizado y narcotráfico que impacta significativa y permanentemente el escenario de seguridad. El narcotráfico ha sido una amenaza persistente para Colombia, debido a su ubicación estratégica como principal productor y exportador de cocaína. Esta actividad ilícita ha alimentado la violencia, el conflicto armado y la corrupción en el país. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 7 y el Delito (UNDOC), Colombia se mantiene como el principal productor de cocaína a nivel mundial (UNODC, 2021).
De forma más específica, y en tanto que la gravedad de la amenaza lo demanda, no se puede echar en saco roto que la presencia de grupos armados ilegales, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ha representado una amenaza constante para la seguridad. Estos grupos han perpetrado ataques terroristas, secuestros, extorsiones y han estado involucrados en el narcotráfico. Aunque las FARC-EP firmaron un acuerdo de paz en 2016, se han formado disidencias y nuevos grupos criminales, generando inestabilidad en algunas regiones del país, como lo estableció el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) (CSNU, 2022).
Por su parte, el tráfico ilícito de armas en la región ha influido en la seguridad de Colombia, facilitando el armamento de grupos criminales y organizaciones armadas ilegales. Según el informe «Estudio Regional sobre Tráfico Ilícito de Armas de Fuego en América Latina y el Caribe» de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el tráfico de armas sigue siendo un desafío en la región, y se estima que en Colombia hay un alto número de armas ilegales en circulación (OEA, 2020).
Es innegable que la crisis en Venezuela ha generado un flujo migratorio masivo hacia Colombia, lo cual ha planteado desafíos en términos de seguridad y gestión de recursos. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), hasta septiembre de 2021, se estima que más de 5,7 millones de venezolanos han abandonado su país, y Colombia se ha convertido en el principal receptor de migrantes venezolanos (ACNUR y OIM, 2021).
Finalmente, el país no puede obviar esta realidad dentro de la agenda de seguridad. Las ciberamenazas han tenido un impacto significativo en Colombia, afectando diversos sectores y generando preocupaciones en términos de seguridad cibernética. Según el informe del Centro Cibernético Policial de Colombia (CCPC) correspondiente al año 2020, “se registraron más de 78.000 ciberataques en el país, lo que representa un incremento del 45% en comparación con el año anterior. Estos ataques abarcaron una amplia gama de actividades maliciosas, como el robo de información confidencial, la interrupción de servicios en línea y el secuestro de datos a través de ransomware” (CCPC, 2020).
Uno de los incidentes más destacados en el país, ocurrió en septiembre de 2020, cuando el Banco de la República de Colombia sufrió un ataque cibernético dirigido a su plataforma de transferencias electrónicas. El ataque afectó el sistema de pagos del banco durante varias horas, lo que generó preocupación en términos de seguridad financiera y resaltó la importancia de fortalecer las defensas cibernéticas (El Tiempo, 2020).
Agravando aún más esta problemática, Colombia ha sido blanco de grupos cibercriminales y hackers asociados con el ciber espionaje y la guerra cibernética. En marzo de 2020, el Ministerio de Defensa de Colombia informó sobre un intento de ciberataque a la infraestructura informática del Ministerio, el cual fue atribuido a un grupo de hackers con supuestos vínculos extranjeros (MINDEFENSA, 2020).
Si bien el escenario internacional es por sí sólo una fuente de grandes retos para la consolidación de escenarios de seguridad, no hay duda de que para hablar de problemáticas de seguridad y defesa en Colombia es imperativo tomar como primera medida la amenaza más álgida para el país. Las disidencias que las FARC-EP. Y es que este grupo se separó de la guerrilla luego de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en 2016, han llevado a cabo una serie de actos delictivos en diferentes regiones de Colombia. Estas disidencias han desafiado el proceso de paz y han continuado realizando actividades ilegales, como el narcotráfico, la extorsión, el reclutamiento forzado y los ataques contra la fuerza pública y la población civil.
Veamos en detalle estos rubros de accionar ilegal de estos actores:
- Narcotráfico: Las disidencias han incursionado en el negocio del narcotráfico, controlando rutas de producción y distribución de drogas ilícitas. Según informes de la Policía Nacional de Colombia, estas disidencias han establecido alianzas con carteles de la droga y han aumentado la producción de cocaína en áreas bajo su influencia (El Tiempo, 2022).
- Ataques contra la fuerza pública: Las disidencias han llevado a cabo ataques armados contra miembros de las fuerzas militares y policiales de Colombia. Han utilizado explosivos, armas de fuego y emboscadas para atacar a las fuerzas de seguridad, causando bajas y generando inseguridad en diferentes zonas del país. Por ejemplo, en enero de 2023, se registró un ataque en el departamento de Nariño, donde murieron varios policías y soldados en enfrentamientos con una disidencia (El Espectador, 2023).
- Reclutamiento forzado: Las disidencias han reclutado a menores de edad de manera forzada, vulnerando sus derechos y utilizándolos en actividades ilegales. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se han registrado casos de reclutamiento de niños y adolescentes por parte de estas disidencias en diferentes regiones del país (ICBF, 2022).
Segmento de consultas.
Después de la anterior contextualización, es momento de abordar los dos interrogantes presentados al inicio de este documento:
- ¿La Política de SDN 2022-2026 reúne los componentes esenciales (acciones, medios y elementos para el seguimiento y evaluación de los resultados) para su adecuada y coherente implementación con respecto los objetivos propuestos y los retos de seguridad a cumplir?
- ¿Política de SDN 2022-2026 es adecuada para el necesario y correcto funcionamientos de los procesos de gobernabilidad y gobernanza del país?
Aunque la actual Política de Seguridad y Defensa nacional lleva relativamente poco tiempo en su proceso de implementación, se pueden encontrar algunas evidencias que arrojan luz para determinar cómo va el proceso de constitución de capacidades para actuar de forma coherente y adecuada con respecto los objetivos propuestos y los retos de seguridad a cumplir.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, titulado, “Colombia Potencia Mundial de la Vida” se pueden destacar que, por ejemplo, en su artículo 3°. Enfocado a definir los ejes de transformación de este Plan, se propone una línea de acción que esboza tangencialmente la capacidad de impactar en el escenario de seguridad y defensa:
Seguridad humana y justicia social. Transformación de la política social para la adaptación y mitigación del riesgo, que integra la protección de la vida con la seguridad jurídica e institucional, así como la seguridad económica y social. Parte de un conjunto de habilitadores estructurales como un sistema de protección social universal y adaptativo; una infraestructura física y digital para la vida y el buen vivir; la justicia como bien y servicio que asegure la universalidad y primacía de un conjunto de derechos y libertades fundamentales; y la seguridad y defensa integral de los territorios, las comunidades y las poblaciones. Estos habilitadores estructurales brindan las condiciones para la superación de las privaciones y la expansión de las capacidades en medio de la diversidad y la pluralidad (PND, 2023, p. 2).
En el documento del Plan se puede constatar que, para este rubro específico de Seguridad Humana y Justicia Social, el Estado colombiano está y seguirá destinando 743,7 billones de pesos durante la vigencia de cuatro años administrativos.
Por otra parte, en el artículo 4°, denominado “ejes transversales del plan nacional de desarrollo”, se plantea la construcción del escenario de la Paz total. Según lo presenta el documento, este concepto:
Es entendido como una apuesta participativa, amplia, incluyente e integral para el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; con estándares que eviten la impunidad y garanticen en el mayor nivel posible los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Esto implica que el centro de todas las decisiones de política pública sea la vida digna, de tal manera que los humanos y los ecosistemas sean respetados y protegidos. Busca transformar los territorios, superar el déficit de derechos económicos, sociales, culturales ambientales, y acabar con las violencias armadas, tanto aquellas de origen sociopolítico como las que están marcadas por el lucro, la acumulación y el aseguramiento de riqueza (PND, 2023, p. 2).
A partir de esta instancia, cuando se revisa lo estipulado en el Plan de Desarrollo existen cuatro instancias adicionales en donde se denotan compromisos institucionales a temas directos y tangenciales que impactan la capacidad de cumplir con los objetivos de la Política de SDN 2022-2026. Se procederá a presentar estos apartados:
Artículo 7°. Proyectos, políticas y programas para la construcción de paz: en cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 418 de 1997, el Plan Plurianual de Inversiones de que trata el artículo 5 de esta ley contiene los proyectos y programas para la construcción de paz. Las políticas en torno a la construcción de paz se encuentran previstas en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2023, p. 7).
Artículo 112°. Fortalecimiento de la oferta de bienestar del sector defensa:
El Gobierno nacional a través del Ministerio de Defensa Nacional desarrollará y articulará la gestión interinstitucional para el fortalecimiento de las capacidades de bienestar del Sector Defensa a la cual accederán de manera preferencial los uniformados activos de la Fuerza Pública y los veteranos, así como sus familias. (PND, 2023, p. 81).
Artículo 115°. Gratuidad en los procesos de incorporación de hombres y mujeres como soldados profesionales infantes de marina profesional y patrulleros y patrulleras de policía, para la protección de la vida y la igualdad de los habitantes en el territorio: con el propósito de incentivar la vinculación de las y los jóvenes colombianos a la Fuerza Pública para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, particularmente en lo referente a la protección de la vida y demás derechos y libertades de las personas (PND, 2023, p. 82).
Con el fin de garantizar la seguridad y la defensa nacional, se podrán asignar terrenos urbanos y rurales, previamente confiscados, directamente al Ministerio de Defensa Nacional, al Ejército Nacional, a la Armada Nacional, a la Fuerza Aérea Colombiana o a la Policía Nacional.
Artículo 257°. “Compensaciones industriales en materia de defensa nacional: “Créese la compensación industrial (offset), en el marco de las compras públicas de naturaleza militar y del sector defensa, especialmente aquellas relacionadas con la industria aeroespacial y astilleros” (PND, p. 187).
En este acápite del análisis es imperante hacer un paréntesis para traer a colación el hecho de que a pesar de que las Fuerzas Militares siempre han demostrado su compromiso de ser el constructor de las distintas visiones y anhelos que los diversos gobernantes colombianos han promovido sobre a la seguridad y defensa, El Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional han sido instituciones que han ganado enorme experiencia en combatir amenazas y fenómenos que aquejan desde décadas atrás al Estado colombiano. Así, aunque las FF.MM. ya estén totalmente comprometidas con la implementación de la Política de SDN 2022-2026 del actual gobierno, no son ajenas a los retos que allí se les encomiendan.
Un ejemplo claro de esto, independientemente a las visiones políticas que haya o puedan dar forma a las políticas públicas del país, en materia de seguridad y defensa, bien sea por requerimiento mismo del contexto, o porque de alguna manera u otra ha existido un discurso transversal entre administraciones producto de la sensatez, Las fuerzas Militares llevan acumulando experiencia en cómo alcanzar objetivos políticos encaminados a la seguridad y defensa.
Observando tan sólo algunas instancias del Plan Estratégico Militar 2030 -PEM 2030-. El cual fue propuesto e implementado durante la administración del expresidente Iván Duque, demuestra que: 1. la respuesta al primer interrogante planteado en este análisis de coyuntura se nutre de importantes antecedentes; 2. Que el componente de mutación de grupos armados al margen de la ley de carácter político hacia organizaciones delincuenciales no es un reto nuevo para el sector defensa. 3. Y, que claramente hay un escenario de capacidades militares adquiridas a disposición del actual Gobierno para ser enfocadas y potenciadas en la implementación y cumplimiento de su Política de SDN 2022-2026.
Sólo hay que observar lo que en dicho documento se denominó como el “escenario apuesta” para ver desde donde se origina la capacidad estratégica de las FF.MM y la PONAL con relación a la seguridad y defensa. Como bien lo estableció el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia (CGFM), redactor del documento, “se esperaba -se utiliza el pasado en tanto que ya existe un nuevo documento rector para la estrategia de las Fuerzas Militares que será presentado en párrafos subsiguientes- que, para 2030, el país logrará el control territorial y la capacidad de gobierno y logrará una paz estable y duradera, convirtiendo así a las Fuerzas Armadas en un referente regional y mundial en seguridad” (CGFM, 2017, p 9). Se pone a consideración las aspiraciones estratégicas que empezaron a ser implementadas desde que entró en vigor el Plan. A consideración:
- Las FF.MM. y la PONAL planean y ejecutan operaciones articuladamente, de forma conjunta y coordinada, a partir de lo dispuesto en una política de Seguridad y Defensa de Estado.
- Continuara haciendo presencia en el territorio nacional, incrementando la gobernabilidad y logrando evitar la evolución del conflicto, la atomización y articulación de los Grupos Armados Organizados (GAO) con redes internacionales a todo nivel.
- Gestionar y dirigir los recursos y esfuerzos necesarios para fortalecer su capacidad disuasiva, de forma que pueden evitar crisis, conflicto o guerra con amenazas externas.
- Consolidar su papel como líderes regionales en la lucha contra el narcotráfico y crímenes contra el medio ambiente; criminalidad; extorción; minería ilegal; contrabando; tráfico de armas, explosivos y municiones (CGFM, 2017, p. 13).
En este apartado vale la pena también revisar de una forma más detallada las misiones que se han planteado las Fuerzas Militares particularmente:
- El Ejército Nacional conducirá operaciones militares orientadas a defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial, proteger a la población civil, los recursos privados y estatales, para contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo, que garantice el orden constitucional de la nación (Ejército Nacional, 2022, párr. 1).
- La Armada Nacional “desarrollará operaciones navales para la defensa y seguridad nacional, y la protección de los intereses marítimos y fluviales, contribuyendo al desarrollo sostenible del Estado” (Armada Nacional, 2023, párr. 1).
- Finalmente, La Fuerza Aérea Colombiana tendrá como misión “volar, entrenar y combatir para vencer y dominar en el aire, el espacio y el ciberespacio, en defensa de la soberanía, la independencia, la integridad territorial, el orden constitucional y contribuir a los fines del Estado” (Fuerza Aérea Colombiana, 2022, párr. 1).
Objetivos específicos estratégicos 2030:
Dentro de los ejes estratégicos macroinstitucionales, a continuación, se relacionan los ejes de desarrollo de acuerdo con el plan estratégico así:
- Contar con una autonomía estratégica y capacidad disuasiva creíble y sostenible para actuar de forma efectiva y simultánea en más de un escenario.
- Alcanzar y mantener la superioridad en el desarrollo de todas las operaciones conjuntas a través de la integración de las capacidades y roles militares.
- Proyectar la Perdurabilidad institucional robusteciendo los mecanismos de protección de la Fuerza y el respeto por los DD.HH. y DIH.
- Ser sostenibles con los recursos asignados en procura de mantener la efectividad transparencia institucional.
- Contribuir al desarrollo sostenible del país mediante el empleo de las capacidades militares.
- Ser un referente a nivel regional e internacional en la lucha contra las amenazas transnacionales y el crimen organizado (MINDEFENSA, 2017, p.p 25-26).
Haciendo una lectura justa de la información suministrada es claro que, y aunque debe reconocerse que los procesos de implementación de estas Políticas y Planes (documentos institucionales) es inaugural, que hay un claro compromiso por construir las capacidades necesarias para cumplir con los objetivos 1 y 4 de la Política de SDN 2022-2026. Se puede evidenciar recursos del Estado involucrados, pero más importante aún, unas Fuerzas Armadas comprometidas con la misión de ofrecer paz y progreso al país.
Valdría la pena hacer una lectura de la consideración que tiene el actual Comandante General de las Fuerzas Militares, el Mayor General Helder Fernán Giraldo Bonilla, sobre la responsabilidad del sector castrense con este gran esfuerzo:
“Las Fuerzas Militares alineadas con el objetivo político “Colombia potencia mundial de la vida”, presentan la Guía de Planeamiento Estratégico como la hoja de ruta para la estrategia institucional desde un estudio detallado de las Políticas de Defensa y Seguridad del Gobierno Nacional y del análisis inicial de la necesidad estratégica militar. En este sentido, debemos ser coherentes con el propósito, no solo de garantizar la seguridad desde una concepción clásica, sino poniendo al ser humano como eje central de esta, protegiendo a cada colombiano de las amenazas graves que afecten la esencia de la vida humana” (Plan Ayacucho 2023-2026, 7).
El Plan Ayacucho del Comando General de las Fuerzas Militares es determinante para la consecución de los objetivos de seguridad y defensa. La confianza de las Fuerzas Militares se concibe como firme respecto al propósito institucional de la paz y específicamente frente a los objetivos analizados, pues existe la convicción de que al “comprometer las capacidades institucionales al mitigar el impacto de las dinámicas criminales descritas anteriormente, se lograría la consecución de un país en condiciones territoriales de estabilidad, con amenazas debilitadas y dispuestas al diálogo, contribuyendo al desarrollo eficaz de la Seguridad Humana […] con unas FF.MM. posicionadas, legítimas, profesionalizadas y modernas, capaces de enfrentar los desafíos latentes en materia de seguridad local e internacional que afecten a la nación. (MINDEFENSA,2023).
Consideraciones finales
En el texto proporcionado se describen las amenazas a la seguridad y defensa que enfrenta Colombia, así como los desafíos relacionados con las capacidades institucionales y militares del país para hacer frente a estas amenazas. Como asesor político, es necesario evaluar la coherencia y adecuación de estas capacidades con las amenazas mencionadas.
En primer lugar, se destaca la presencia del crimen organizado transnacional y el narcotráfico como una seria amenaza para la seguridad de Colombia. Se menciona que el país es el principal productor y exportador de cocaína, lo que ha alimentado la violencia, el conflicto armado y la corrupción. En este sentido, es fundamental que las capacidades institucionales y militares estén diseñadas para combatir eficazmente estas actividades ilícitas y desmantelar las redes criminales involucradas en el narcotráfico. Se requerirá una estrecha cooperación entre las fuerzas de seguridad, la justicia y otros organismos relevantes para abordar esta amenaza de manera integral.
Además, se menciona la presencia de grupos armados ilegales como las FARC-EP y el ELN como una amenaza constante para la seguridad. Estos grupos han llevado a cabo ataques terroristas, secuestros, extorsiones y están involucrados en el narcotráfico. Aunque se firmó un acuerdo de paz con las FARC-EP en 2016, se han formado disidencias y nuevos grupos criminales que generan inestabilidad en algunas regiones del país. Para hacer frente a esta amenaza, se requiere un enfoque integral que incluya operaciones militares, programas de desmovilización y reintegración, así como medidas de desarrollo y gobernabilidad en las áreas afectadas.
Otro aspecto destacado es el tráfico ilícito de armas, que ha influido en la seguridad de Colombia al facilitar el armamento de grupos criminales y organizaciones armadas ilegales. Es importante que las capacidades institucionales y militares estén orientadas a controlar y prevenir el tráfico de armas, fortaleciendo la cooperación y el intercambio de información con otros países de la región.
El flujo migratorio proveniente de Venezuela también se presenta como un desafío humanitario y de seguridad para Colombia. La llegada masiva de migrantes y refugiados venezolanos plantea desafíos en términos de integración y gestión de recursos. Las capacidades institucionales deben incluir políticas y programas que aborden las necesidades humanitarias de esta población, promoviendo su integración socioeconómica y garantizando su seguridad.
Además, se menciona el impacto de las ciberamenazas en Colombia, que afectan diversos sectores y generan preocupaciones en términos de seguridad cibernética. El país ha sido blanco de ciberataques y ha enfrentado la presencia de grupos cibercriminales y hackers asociados con el ciber espionaje y la guerra cibernética. Por otra parte, las condiciones actuales de inseguridad en todo el país representan un desafío significativo para los procesos de gobernabilidad y gobernanza óptimos. Para respaldar esta afirmación, me basaré en opiniones reales de expertos en la materia.
En primer lugar, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), una reconocida organización colombiana que realiza investigaciones sobre el conflicto armado y la seguridad, ha señalado que la persistencia de grupos armados ilegales, la violencia en zonas rurales y el narcotráfico continúan amenazando la estabilidad y la gobernabilidad en el país. Según un informe reciente de Indepaz, en lo que va del año se han registrado más de 60 masacres en Colombia, lo que evidencia la persistencia de la violencia y el control territorial por parte de estos grupos.
Además, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), otra organización dedicada al análisis del conflicto armado en Colombia, ha afirmado que la presencia de grupos armados ilegales y la falta de control estatal en algunas regiones dificultan la implementación efectiva de políticas públicas y la prestación de servicios básicos. Según Pares, la combinación de violencia, corrupción y ausencia de Estado ha generado una crisis humanitaria en varias áreas del país, lo que afecta negativamente la gobernanza y la capacidad del Estado para garantizar el bienestar de la población.
En términos de seguridad cibernética, Colombia también enfrenta desafíos significativos que afectan la gobernabilidad. Según un informe publicado por el Centro Cibernético Policial (CCP) de la Policía Nacional de Colombia, el país ha experimentado un aumento en los ciberataques y la ciberdelincuencia en los últimos años. Estos ataques pueden afectar infraestructuras críticas, la seguridad de la información y la confianza en las instituciones, lo que obstaculiza los procesos de gobernanza eficiente y efectiva.
En conclusión, las condiciones actuales de inseguridad en Colombia representan un obstáculo para los procesos óptimos de gobernabilidad y gobernanza. La persistencia de grupos armados ilegales, la violencia en zonas rurales, el narcotráfico y los desafíos en seguridad cibernética afectan la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de la población, así como para implementar políticas públicas de manera efectiva. Es fundamental abordar estos desafíos mediante enfoques integrales que incluyan acciones de seguridad, desarrollo socioeconómico, fortalecimiento institucional y cooperación regional.
ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS NUEVA GRANADA
Referencias
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- Centro Cibernético Policial de Colombia. PONAL. (2020). Informe Anual 2020. http://www.corpssecurity.com.co/informecibercrimen2020.pdf
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